El documento manifiesta profunda preocupación ante las declaraciones públicas del director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, relativas a perseguir a cualquier persona con algún grado de participación o vinculación con grupos criminales. Las organizaciones enfatizan que la institución policial no puede actuar como juez para definir discrecionalmente la culpabilidad, ya que dicha atribución corresponde a los órganos jurisdiccionales a través de investigaciones dirigidas por el Ministerio Público y con apego al debido proceso.

Se destaca el peligro de que estas posturas oficiales deriven en la criminalización de abogados, defensores de derechos humanos y periodistas que interactúan con personas investigadas en el ejercicio legítimo de sus funciones. Por ello, se insta a la Policía Nacional a delimitar claramente las conductas punibles, fundamentar la persecución penal en pruebas rigurosas y respetar las garantías constitucionales

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