Este informe analiza las implicaciones del Decreto Legislativo 258-2026 en Honduras y los serios riesgos que supone para el ejercicio del periodismo de investigación y la libertad de prensa.

El estudio advierte sobre la reforma al artículo 587 del Código Penal, la cual introduce un marco ambiguo que podría criminalizar la labor informativa al equiparar la documentación del crimen organizado, la extorsión o el control territorial con la colaboración delictiva. Asimismo, aborda los peligros derivados de los allanamientos sin orden judicial a archivos y fuentes periodísticas, la destrucción de evidencias visuales y la vulnerabilidad de los comunicadores comunitarios. El informe contrasta estas normas con los estándares de la CIDH y las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, proponiendo salvaguardas legales urgentes para proteger el derecho de la ciudadanía a estar informada.

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